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Omisiones institucionales incrementan la trata de personas en Puebla, advierte la IBERO Puebla

  • Foto del escritor: N. Poblana
    N. Poblana
  • 24 nov
  • 2 Min. de lectura
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Puebla, Pue. 24 de noviembre de 2025. La falta de respuesta efectiva del Estado favorece la invisibilidad de las víctimas; un estudio del IDHIE de la IBERO apunta a que por cada víctima identificada podrían existir hasta veinte más.

En Puebla —según un diagnóstico reciente del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla— las omisiones de las autoridades agravan el problema de la trata de personas, dejando a muchas víctimas sin protección ni seguimiento adecuado.

De acuerdo con el informe “Situación de la trata de personas en Puebla 2015-2022”, entre esos años se abrieron 257 carpetas de investigación, de las cuales se identificaron oficialmente 280 víctimas.

El estudio enfatiza que esta cifra podría subestimarse considerablemente: la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que por cada víctima identificada, existen hasta 20 más sin reconocer.


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Aun más alarmante, de las investigaciones iniciadas solo un 25 % concluye en sentencia. En el periodo analizado, se emitieron 66 sentencias, de las cuales 52 fueron condenatorias, lo cual evidencia un desfase entre las denuncias y la efectividad del sistema judicial.

El informe también critica la falta de claridad por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). No posee un desglose detallado sobre las modalidades de explotación (sexual, laboral, otros) ni sobre las características de las víctimas.

Además, se advierte que la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de la Trata no está operando con la periodicidad requerida por la ley, lo que limita su capacidad para coordinar políticas públicas de prevención, atención a víctimas y sanción.

Ante este panorama, el IDHIE de la Ibero Puebla emitió 21 recomendaciones dirigidas a organismos estatales, entre ellas: fortalecer la interinstitucionalidad, mejorar los mecanismos de registro y monitoreo de casos, y garantizar la atención integral a las víctimas con enfoque de género.

La directora del IDHIE, Rosario Arrambide González, señaló que estas omisiones estructurales no solo representan una falla institucional, sino una puerta abierta a la impunidad. “Sin datos claros, sin sentencias efectivas, muchas víctimas permanecen en las sombras”, advirtió.

 
 
 

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