Descansar no es flojera: el estigma, el mayor freno para aplicar la Ley Silla en Puebla

Puebla, 25 de noviembre de 2025. A menos de un mes de vencerse el plazo para que las empresas adapten sus normas internas a la llamada Ley Silla, expertos y trabajadores coinciden: más que falta de recursos, lo que obstaculiza su aplicación es el estigma contra el descanso. La reforma, vigente desde junio, obliga a los empleadores a proporcionar sillas con respaldo y pausas para sentarse durante la jornada laboral, especialmente en sectores como el comercio o los servicios.

Aunque la ley ya está en vigor, muchos centros de trabajo no han integrado espacios adecuados para que los trabajadores descansen. El artículo responsable de esta normativa exige áreas designadas para las sillas, pero su cumplimiento depende en gran medida de que los patrones reconozcan que esos momentos de descanso no son un lujo, sino una necesidad básica para la salud física y mental del personal.

Organismos laborales han señalado que parte de la resistencia viene de una cultura que valora el estar de pie como signo de productividad y entrega. Para algunos empleadores, permitir pausas sentadas es visto como una desventaja competitiva; para otros, simplemente “no encaja” en el ritmo acelerado del comercio. Este prejuicio se convierte en la barrera más fuerte, ya que no basta con tener sillas: debe haber empatía y voluntad de cambiar la rutina laboral.

El derecho al descanso no es solo una cuestión de confort. Estudios muestran que adoptar pausas para sentarse reduce el riesgo de problemas de salud como varices, dolores musculares o fatiga extrema. La ley busca precisamente mitigar esos riesgos y mejorar la calidad de vida de quienes pasan muchas horas en su lugar de trabajo.

Con el plazo del 14 de diciembre a la vista para ajustar reglamentos internos, trabajadores y defensores de derechos laborales llaman a que los empresarios no dejen pasar la oportunidad: la Ley Silla no debe quedarse en el papel, sino convertirse en una práctica real, para que descansar deje de considerarse “flojería” y sea reconocido como un derecho legítimo.