MC Puebla se deslinda de posibles vínculos empresariales de sus exalcaldes

Puebla, Pue. 21 de agosto de 2026. Movimiento Ciudadano en Puebla aseguró que no tiene información para confirmar si los ediles detenidos que llegaron al cargo bajo sus siglas son propietarios de constructoras, luego de los señalamientos realizados por el gobernador Alejandro Armenta sobre posibles vínculos entre autoridades municipales y empresas dedicadas a la obra pública.

El tema tomó relevancia debido a que cinco presidentes municipales han sido separados de sus cargos, y de ellos, tres fueron electos bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. El partido señaló que desconoce si alguno de estos exfuncionarios cuenta con empresas constructoras o mantiene algún tipo de relación empresarial en este sector.

Los cuestionamientos surgieron después de que el gobernador Alejandro Armenta planteara revisar posibles conflictos de interés en la contratación de obra pública, particularmente cuando los funcionarios municipales pudieran tener participación directa o indirecta en las empresas beneficiadas con contratos.

El tema también llegó al Congreso de Puebla, donde la bancada del PAN planteó modificar las leyes para impedir que los alcaldes puedan contratar obra pública con empresas de su propiedad o de familiares. La propuesta busca establecer mayores controles para evitar posibles conflictos de interés en el manejo de recursos municipales.

La discusión se centra en garantizar que las decisiones sobre contratos públicos se realicen bajo criterios de transparencia y sin que los funcionarios puedan obtener beneficios económicos derivados de sus propios cargos.

Ante los señalamientos, Movimiento Ciudadano no confirmó que los exalcaldes detenidos tengan constructoras ni estableció que exista algún vínculo entre sus actividades empresariales y los contratos de obra pública de los municipios que gobernaron.

La dirigencia partidista se mantiene al margen de determinar si alguno de sus exfuncionarios incurrió en irregularidades, pues cualquier posible responsabilidad deberá establecerse mediante las investigaciones y procedimientos correspondientes.

La situación mantiene abierta la discusión sobre los controles que deben existir para vigilar la contratación de obra pública municipal, especialmente en los ayuntamientos donde sus titulares enfrentan investigaciones o han sido separados del cargo.

Mientras continúan los procedimientos contra los ediles involucrados, también permanece el debate sobre la necesidad de fortalecer las reglas para evitar que intereses particulares de funcionarios o sus familiares puedan mezclarse con el ejercicio de recursos públicos.